La Misión Rural consultó a voceros de organizaciones de pequeños productores rurales acerca de la futura política diferenciada para la Agricultura Familiar, que se promueve por estos días por parte de diferentes sectores y que hará parte de las recomendaciones que la misión entregará al gobierno próximamente. Una política diferenciada para la Agricultura Familiar es una aspiración proclamada de tiempo atrás tanto por asociaciones de productores, como por organizaciones de apoyo y expertos del sector rural, y será un paso importante del país hacia la construcción de un nuevo escenario, de cara al periodo pos conflicto que estaría por comenzar si cristalizan exitosamente los diálogos en la Habana.
En una reunión que tuvo lugar el pasado 23 de julio en Bogotá en las oficinas del IICA, citada por la Misión y la Corporación PBA, representantes de organizaciones campesinas – Federación Agrosolidaria, El Común, Asociación de Mujeres Campesinas (ANMUCIC), Fensuagro, Copaboy, El sistema territorial de innovación de la Provincia Márquez, la Federación Nacional de Productores de Ñame, la Red Nacional de Productores de Cacao y el Comité de Impulso a la Agricultura Familiar - manifestaron en primer lugar su deseo y respaldo a la iniciativa de establecer en Colombia una política diferenciada para la Agricultura Familiar, partiendo de reconocer la existencia de dos modelos de agricultura, el de los grandes productores, que ha contado tradicionalmente con el apoyo estatal, y el de los agricultores familiares que se sienten olvidados y marginados de la política pública. Los participantes en la consulta pidieron que se realice un proceso participativo, en donde las comunidades campesinas no solo sean consultadas sino que gocen de poder de decisión, y que se reconozca su papel en la sociedad colombiana, y sus aportes en cuanto a la alimentación sana, la protección ambiental y la riqueza cultural, entre otros.
Entre las ideas expresadas merecen ser mencionadas las siguientes: Una ley para la Agricultura Familiar, rápida y convenientemente reglamentada, que además produzca una nueva institucionalidad que encare el tema con eficiencia y voluntad política. Aspiran los agricultores a que esa ley cuenta con instrumentos financieros concretos y claros, entre ellos el crédito de fomento, el acceso a la tierra, a la tecnología y el apoyo y acompañamiento integral adecuado y oportuno.
Los temas más problemáticos que, a juicio de los voceros de las organizaciones de productores, enfrentará la construcción de dicha política diferenciada son: Cómo mejorar radicalmente el problemático enfoque actual de acompañamiento técnico, que es inocuo según lo calificaron; los marcos normativos actuales que afectan a los agricultores familiares, como los existentes en el tema de semillas, asuntos forestales y otros. Los participantes manifestaron un fuerte e insistente temor en relación con las prácticas políticas locales y los poderes políticos regionales que normalmente se oponen a cualquier política que intente beneficiar a las comunidades y a los pobres del campo.
También señalaron como temas problemáticos a solucionar, el acceso y tenencia de la tierra, la soberanía y seguridad alimentaria y la educación rural, que no es pertinente, así como la carencia de investigación y capacitación.
Otros elementos que mencionaron fue la necesidad de apoyar el fortalecimiento de las organizaciones campesinas. El punto de partida debería ser que “los pobres no son una carga para el desarrollo, sino un potencial”, dijo Ricaurte Becerra, de El Común, quien pidió además no considerar a la economía campesina solo desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista sociológico, pues se trata de una cultura rural, de maneras de ver la vida, la familia y el trabajo. “La cultura rural es parte del patrimonio nacional”, agregó.
También manifestaron que la política diferenciada para la Agricultura Familiar debería considerar las experiencias propias que de mucho tiempo atrás ha desarrollado la población rural en diferentes regiones del país, con reconocidos éxitos metodológicos y de resultados socio económicos, como la del territorio solidario en el sur de Santander, los circuitos de prosumidores promovidos por Agrosolidaria y las experiencias de Innovación Rural Participativa que ha promovido la Corporación PBA, entre otras.
Durante el encuentro se discutió también acerca de temas cruciales, como la institucionalidad que se requiere para afrontar una política de este tipo, o como debe ser el modelo de desarrollo que dicha política debería propiciar. En cuanto a este último tema, la mayoría de los presentes se pronunció en favor de modelos que generen capacidades productivas y comerciales en los agricultores familiares y les ayuden a insertarse exitosamente en los mercados.
Otro tema ha sido el esquema de financiamiento, donde faltan aún garantías para acceder a créditos principalmente por la tramitología, la titulación de tierras y los múltiples riesgos en la producción y comercialización. Actualmente es más viable el uso de los fondos propios de las comunidades organizadas para sus gastos, que no el correr riesgos por endeudamientos bancarios que pueden afectar su economía familiar.
En la reunión participaron también representantes del Departamento Nacional de Planeación, del IICA, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de la Corporación PBA y de la Misión Rural.