El tema de la tierra

El tema de la tierra sigue candente en Colombia. Primero fue la Corte Constitucional que  declaró inexequibles los artículos 60, 61 y 62 del Plan de Desarrollo, que autorizaban la acumulación de baldíos. Con esto, revivió la prohibición a su acaparamiento contenida en la Ley 160 de 1994. El articulado del Plan creaba a su vez los Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal, que permitían la entrega de tierras baldías a grandes empresarios nacionales y extranjeros. La idea del Gobierno era que los campesinos o víctimas que han recibido tierras baldías del Estado, pudieran asociarse en grandes proyectos. Sin embargo, el fallo de Corte implica que dichos terrenos no podrían venderse, ni arrendarse y que el Estado tampoco podrá ceder baldíos para dedicarlos a grandes iniciativas agrícolas.

Como era de esperarse, la decisión de la Corte generó numerosas reacciones, a favor y en contra. Los que la apoyaron mencionaron que con esto se frenaría el escandaloso proceso de apropiación privada de baldíos por parte de grandes propietarios e inversionistas que se ha registrado en el país en los últimos años. Los que la crítican argumentan que la sentencia frenará importantes proyectos de desarrollo en algunas zonas del país – en especial en la Orinoquia – que consideran que no pueden hacerse de otra forma. 

Para echar más leña al fuego, recientemente se radicó un proyecto de Ley en el Congreso de la República para regular la inversión extranjera en tierras en Colombia. Sus  proponentes se basan en la cada vez más activa compra de tierras por parte de gobiernos y grandes empresas extranjeras que se está registrando en países en desarrollo, y que ya llegó a Colombia. Estas adquisiciones han sido de tal magnitud que los países del Cono Sur, por ejemplo, ya le establecieron límites. No obstante, el Gobierno y diversos sectores se han opuesto tajantemente al proyecto. 

El tema sin lugar a dudas amerita un debate juicioso y bien informado. Seguramente la mejor solución no estará en el extremo de los que defienden la entrega sin límites de nuestros baldíos a grandes empresarios nacionales y extranjeros – y a no pocos especuladores – pues consideran que solo ellos pueden hacer competitivo el agro, desconociendo el potencial de la pequeña y mediana agricultura ampliamente documentado en la literatura especializada, ni en el de los que consideran que el nuestro debe ser un país únicamente de pequeños propietarios. Una alternativa que les garantice a estos últimos acceso a los factores de producción y atención preferencial del Estado, que proteja los baldíos nacionales y que reconozca el papel de los empresarios que cumplen con las leyes y que generan empleos de buena calidad en el agro probablemente es mas realista y conveniente.