En las últimas décadas, entre tres y cuatro millones de campesinos fueron expulsados de sus parcelas, a sangre y fuego y el 70% no tendría titulo de propiedad de su parcela usurpada. Podríamos decir que este es el segundo País de mayor Biodiversidad y el cuarto a nivel mundial en recursos hídricos. Pero ocupa dos segundos deshonrosos puestos, después de Sudan registra el mayor numero de refugiados internos y en América.
Hoy se da un paso de gran importancia para estos despojados en Colombia, en donde arranca la Ley de victimas y Restitución de Tierras, con la entrega a campesinos desplazados por el conflicto armado de 4.225 hectáreas confiscadas a narcotraficantes en Córdoba, uno de los departamentos mas convulsos y refugio paramilitar hasta la década pasada.
La Ley de Tierras, que estará en vigor durante diez años prorrogables desde el 1 de enero de 2012, contará para su aplicación en el primer año de vida con un presupuesto de 6,1 billones de pesos “Hoy iniciamos la gran revolución agraria en Colombia”, afirmó el presidente de la república Juan Manuel Santos. El Jefe del Estado aseguró que con esta iniciativa no solo se busca la restitución sino “también tenemos que ayudarles a que esa tierra vuelva a ser productiva, genere ingresos y pueda dar a esas cientos de miles de familias campesinas una vida digna y al país mas riquezas y mas desarrollo”.
Esta Ley vivió su último capítulo en el Congreso de la República el pasado primero de junio, cuando las plenarias del Senado y Cámara de Representantes aprobaran la conciliación del texto, el cual tuvo un tramite ágil en donde hubo mas participación del Gobierno, directamente del presidente Juan Manuel Santos, para lograr los consensos políticos en torno a la Ley.
La Ley de Tierras, que estará en vigor desde el 1 de enero de 2012 y durante diez años prorrogables , contará para su aplicación en el primer año de vida con un presupuesto de 6,1 billones de pesos (unos 3.100 millones de dólares). Con ese monto, se tratará de indemnizar, asistir y devolver tierras a unas 130.000 víctimas en 2012.
Uno de los decretos firmados, que establece medidas de asistencia y reparación, contempla la indemnización administrativa a las víctimas por valores comprendidos entre los 9 y los 21 millones de pesos (entre unos 4.600 y 10.800 dólares).
"Esos montos se entregarán preferentemente a quienes inviertan en vivienda, educación, tierras o en un proyecto productivo. Es decir, vamos a incentivar a quienes decidan invertir en su futuro", precisó el presidente Santos.
Admitió que estas cifras no recompensan haber sufrido un desplazamiento, una discapacidad o la pérdida de un ser querido, pero suponen un punto de partida, y agregó que ya están divididas las responsabilidades de las instituciones para garantizar la asistencia en salud y educación.
Los beneficiarios figurarán en el Registro Único de Víctimas, en el que podrán inscribirse de manera gradual a lo largo de cuatro años y quedarán sistematizados con el fin de evitar que estén "paseando" de una institución a otra buscando apoyos.
Además, Santos anunció la creación de "observatorios, sistemas, redes y planes que activan las alarmas sobre las poblaciones en riesgo" y evitar que se repitan hechos delictivos; así como el nacimiento del "Centro de Memoria Histórica", que apoyará iniciativas privadas y creará un Museo de la Memoria.
La singularidad de esta Ley es que será aplicada mientras el conflicto armado colombiano sigue activo, lo que puede poner y pone en riesgo a los beneficiarios, como han destacado las propias víctimas, sus representantes y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG).
El mandatario no eludió esta realidad: "Ustedes ya lo saben y nosotros estamos plenamente informados. Aún hay quienes siguen intimidando y asesinando a nuestros campesinos y a sus representantes. A esos criminales les hago llegar un mensaje: ¡los vamos a combatir con todo!".
Esa labor la abordará la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que acompañará a los desplazados en el proceso de recuperar los predios que les fueron usurpados.
Repasando la historia
(Tomado de Algunas reflexiones sobre la Ley de Tierras, por Alejo Vargas)
Ley 1448 del 2011 en donde se establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas del conflicto armado interno ocurrido en este país.Desde comienzos del siglo XX, había una configuración de la estructura agraria caracterizada por el predominio de las formas de producción: la economía de hacienda, con los mecanismos de la fuerza laboral y que se orientaba hacia la ganadería extensiva y a la producción agrícola. La economía campesina, basada en el trabajo familiar y con su producción centrada en alimentos y abastecía de allí a centros urbanos.
Esto muestra como desde muy temprano en nuestra historia el camino del desarrollo agrario fue el de la gran propiedad. Sin embargo para la producción campesina hubo medidas de apoyo, basadas en lo fundamental en el estímulo de la colonización a través de políticas de adjudicación de baldíos, como la Ley 71 de 1917, que buscaba facilitar la formación de pequeños propietarios de menos de 20 hectáreas, o las leyes 185 de 1920 y 74 de 1926, que intentaban actuar en el margen de maniobra que tenía el Estado frente a la política de tierras: adjudicar baldíos nacionales; la primera hasta por 2.500 hectáreas para ganadería y 1.000 hectáreas para agricultura, tenía como destinatario a los grandes propietarios; la segunda, en áreas no superiores a 80 hectáreas, fomentaba la colonización campesina.
Estas normas, junto con la Ley 47 de 1926 sobre colonización intentaban resolver la problemática, pero se generó mayores enfrentamientos sociales entre colonos y terratenientes alrededor de la propiedad de la tierra.
El esfuerzo para responder a estas tensiones en el agro lo explica la Ley 200 de 1936, en la Revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo y la Ley 100 de 1944 modificatoria de lo anterior en donde se pretende darle salidas institucionales a una conflictividad que tendía a expresarse en forma violenta. Pero la violencia entre Liberales y conservadores ahogaron estas salidas.
Hacia el año 1960, tendremos el periodo del reformismo agrario, liderado por Carlos Lleras Restrepo, dadas la dimensión social de la violencia que cada día se tornaba más explosiva, los gobiernos de la época prometieron adelantar programas de reformas agrarias en las diferentes regiones del país. Para ello crearon el Comité Agrario conformado por partidos políticos, la Iglesia y las fuerzas armadas, para la dotación de tierras a los campesinos carentes de ellas.
Con la ley 160 de 1994 se busca consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina, inspirada en el precepto constitucional. El cual estado Colombiano tiene como deber promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida.
En el Congreso de la República de Colombia se aprueba la Ley 1448 del 2011 en donde se establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas del conflicto armado interno ocurrido en este país.
Por: Rafael Sarmiento D.
Comunicador Rural, Repelón (Atlántico)