A partir del pasado 1 de enero entró en vigencia en Colombia la ley 1448, o ley de víctimas y restitución de tierras, con la cuál el gobierno inició formalmente el proceso para que miles de familias campesinas logren recuperar las tierras que les fueron arrebatadas en un doloroso y cruento conflicto armado, que se prolonga ya por varias décadas.
La magnitud del despojo es impresionante: la comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado estima en 6,6 millones de hectáreas la cantidad de tierras usurpadas por la violencia a los campesinos. A esto hay que sumar las casi 3 millones de hectáreas de propiedad del Estado que terminaron también en manos de los criminales. Narcotraficantes, paramilitares y otros grupos armados se apropiaron a sangre y fuego, mediante un proceso de violencia escandaloso y aterrador, de casi diez millones de hectáreas, más del doble del área cultivada en el país.
Según ha indicado el gobierno, ya han sido entregadas 800 mil hectáreas por vía administrativa, antes de que entrara en vigencia la ley 1448, y su meta es formalizar 3,5 millones de hectáreas en este periodo gubernamental. El presidente Juan Manuel Santos ha señalado que el propósito de la ley es convertir a los despojados de sus tierras en nuevos campesinos, y que el desafío institucional es hacer que esta ley se haga realidad en todo el país. Pero el camino no parece fácil.
Según ha indicado el gobierno, ya han sido entregadas 800 mil hectáreas por vía administrativa, antes de que entrara en vigencia la ley 1448, y su meta es formalizar 3,5 millones de hectáreas en este periodo gubernamentalEl propio gobierno tuvo que llamar a los desplazados a la movilización en las calles, para respaldar el proceso, ante la evidente presión en contra por parte de terratenientes, narcotraficantes y usurpadores, que han comenzado una serie de maniobras - legales e ilegales - para oponerse a la devolución de los predios.
“La efectividad de la política de restitución de tierras está condicionada al apoyo que la sociedad y las élites colombianas le brinden a las apuestas del gobierno. Los enemigos de la derecha y la izquierda, que ha denunciado el señor presidente están actuando, y por ello el Estado requiere de mucha firmeza, decisión, convicción y apoyo. Y fundamentalmente de la movilización social y la fortaleza de las organizaciones sociales rurales, así como el respaldo político de la comunidad internacional”, opina el profesor Absalón Machado, autor del Informe sobre Desarrollo Humano 2011 y miembro del Grupo Diálogo Rural Colombia.
El Gobierno ha dispuesto para la atención a víctimas 20 sedes regionales, 30 unidades móviles, 61 puntos de atención que tenía Acción Social (hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social); y otras 20 sedes regionales que cubrirán 17 departamentos. En días pasados Santos inauguró una de las sedes regionales para la restitución de tierras en la ciudad de Montería, en la región Caribe colombiana, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado; allí el gobierno entregó el inmueble Las Catas, a 304 familias que habían sido desplazadas por el conflicto. Con este acto se dio comienzo oficial a la implementación pública de la ley.
Obstáculos
A pesar de los múltiples esfuerzos del Gobierno, las maniobras en contra empiezan a hacerse evidentes. En el pequeño municipio caribeño de Carmen de Bolívar, para citar un ejemplo, los campesinos están convencidos de que el recién electo Personero municipal, Jorge Varela, es una ficha de “La Gata”, temido personaje de la región, aliada de los despojadores paramilitares. Y el Personero es quién servirá de enlace entre las víctimas y la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras en Bogotá, y entre sus funciones deberá inscribir las organizaciones de víctimas, además de tomar el testimonio de quien se registre como víctima. Por lo cual – naturalmente – se esperan serios inconvenientes en esta zona para los campesinos que quieran acogerse a la restitución de tierras.
Por su parte los entes gubernamentales tendrán un importante papel en este proceso que inicia, no sólo por todo el trabajo con las víctimas y la restitución, sino que se deberá evitar que se vuelvan máquinas clientelistas que usen los subsidios y beneficios para las víctimas a cambio de favores o apoyo; además de vigilar, junto a la fuerza pública, las posibles amenazas y atentados contra campesinos que reclaman sus predios, y los sobornos a funcionarios.
El presidente Santos también ha pedido a las víctimas que denuncien a todos aquellos que quieran hacerse pasar por afectados del conflicto. La corrupción también ha puesto sus manos sobre el proceso. Y las propias víctimas deberían ser las primeras interesadas en vigilar que eso no suceda.