La firma del acuerdo de paz con las FARC y la publicación del informe de la Misión para la Transformación del Campo generaron grandes expectativas en las comunidades y territorios rurales, entre los estudiosos del desarrollo rural y en muchos otros actores vinculados con el tema. Muchos pensamos que por fin se iba a promover una transformación sustancial de los territorios rurales y que el país iba a pagar la gran deuda histórica que tiene con ellos y, en especial, con sus habitantes más pobres.
No obstante, lo sucedido en estos más de dos años, desde que ocurrieron esos dos importantes hechos, nos sugiere que estamos a las puertas de otra grave frustración. Los avances en la puesta en marcha del punto 1 del acuerdo y de las recomendaciones de la Misión son pírricos.
Tomemos un ejemplo. Uno de los grandes cambios que proponían, tanto el acuerdo como la Misión, era la adopción del enfoque territorial participativo del desarrollo rural. Se trataba de que los planes, programas y proyectos fueran construidos desde los territorios, con la amplia participación de la totalidad de sus habitantes, y que contemplaran todas las fuentes de generación de ingresos rurales y el conjunto de aspectos requeridos para mejorar las condiciones de vida en el campo –económicos, sociales, ambientales, de infraestructura, culturales e institucionales. Esta visión integral debía reemplazar la visión puramente agropecuaria que había predominado. La dotación de bienes públicos y el desarrollo de capacidades debían privilegiarse frente al otorgamiento de subsidios individuales y ocasionales.
Esta propuesta implicaba un cambio trascendental en la manera de promover el desarrollo rural y de actuar de las entidades gubernamentales, el cual debería llegar a todos los territorios rurales del país, así se comenzara priorizando a los más afectados por el conflicto y la pobreza. Pero ¿qué ha pasado? El gobierno seleccionó 16 territorios, compuestos por 170 municipios, como prioridad para empezar el proceso. En ellos deberían formularse Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDET), tarea que asignó a la nueva Agencia de Renovación del Territorio. ¿En qué van estos 16 PDET? Están atrasados, con recursos escasos y con poco tiempo para hacer una participación seria y efectiva.
Pero lo más grave: ¿qué va a pasar en el resto de la geografía nacional? ¿A los demás territorios, en los que hay cerca de mil municipios, no va a llegar el enfoque territorial participativo? ¿En ellos se continuará con las viejas y fracasadas estrategias y se seguirá haciendo más de lo mismo?
No sobra insistir en que el enfoque territorial participativo no es únicamente –ni principalmente- un problema de recursos, sino que es una manera diferente de promover y apoyar el desarrollo de los territorios rurales. Exige que todas las entidades gubernamentales cambien su manera de trabajar, para que lo hagan de manera coordinada y respondiendo a los requerimientos y demandas de los territorios, cuyas prioridades e iniciativas deben construirse en un amplio proceso participativo. ¿Están el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y su nueva Agencia de Desarrollo Rural promoviendo esta transformación? ¿Están apoyando a los demás territorios para que formulen participativamente sus planes de desarrollo rural con enfoque territorial? ¿Están viendo cómo apoyan a los que ya comenzaron a hacerlo, por su propia iniciativa? No parece…
La situación no es mejor en otras áreas de la esperada reforma. Los nuevos programas y la nueva legislación están igual de enredados, y los encargados de impulsarlos parecen tener otras prioridades.
Como van las cosas, seguramente se formularán, a trochas y mochas, los 16 PDET y, más mal que bien, se le cumplirá a las FARC y a sus zonas de influencia. Los habitantes rurales del resto del país sufrirán una nueva desilusión, que puede convertirse en caldo de cultivo para nuevos conflictos. Y a todos los que nos ilusionamos con una transformación de las condiciones generales del campo colombiano nos dejarán nuevamente “viendo un chispero”.