La esperada ley de desarrollo rural

 

El gobierno nacional viene anunciando desde hace varios meses la presentación de un nuevo proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, el cual ha generado grandes expectativas. Lo que se conoce del proyecto - pues se ha elaborado a puerta cerrada - permite apreciar que se va a enfocar más a resolver conflictos de uso del suelo y a promover su más adecuado aprovechamiento, que a promover una estrategia integral, novedosa e inclusiva de desarrollo rural. 

 

Sin lugar a dudas los dos primeros tópicos son de innegable importancia para un país que vive crecientes conflictos por el uso del suelo entre la expansiva y agresiva actividad minera y energética, la agrícola, la pecuaria, la forestal, la conservación ambiental y los demás usos de este importante recurso, y en el que el enorme potencial agropecuario se está utilizando en una muy reducida proporción, a pesar de la tendencia al alza de los precios de los alimentos y de las carencias nutricionales de buena parte de la población nacional. No obstante, el diseño y puesta en marcha de una política de desarrollo rural que apunte a la superación de la agobiante pobreza que se vive en estas áreas, promoviendo estrategias de generación de ingresos, de reconstrucción del tejido social y de dotación de infraestructura y de servicios sociales y públicos, es una necesidad aún más apremiante.

 

Por estas razones, uno esperaría que la ley siente las bases de un desarrollo rural que contemple tanto los aspectos productivos y comerciales, como los relativos al capital humano y al social; que se construya desde los territorios, teniendo en cuenta sus características y dinámicas; que busque decididamente la reducción de las desigualdades e inequidades predominantes en estas zonas, y que aproveche el enorme potencial que tienen los pobladores y los recursos naturales para lograr un desarrollo equitativo, sostenible y rápido de las áreas rurales. 

 

En este sentido, debería cambiar los subsidios puntuales, compartimentados y de corto plazo, por apoyo y acompañamiento integral, de mediano o largo plazo, a los procesos de desarrollo de las comunidades rurales; enfatizar los temas relativos al desarrollo de capacidades, a la formación y protección del recurso humano y al fomento de la asociatividad y de la conectividad, comúnmente olvidados en las políticas gubernamentales colombianas; modificar los mecanismos de convocatoria que se han prestado para abusos y que agudizan las desigualdades, pues son de muy difícil acceso para las comunidades más pobres y marginadas. Y debería propiciar el surgimiento y desarrollo de una nueva institucionalidad, mucho más descentralizada, que trabaje de la mano con las organizaciones sociales y la sociedad civil en las regiones y que responda a las demandas y necesidades de los pobladores del territorio, y no limitarse a simples retoques de las entidades, normas y concepciones existentes.  

 

Por último, la presentación y trámite de esta ley deben ser una oportunidad para que se promueva un rico debate sobre los problemas del desarrollo rural colombiano, de su relación con el desarrollo social y económico nacional, de su papel en la construcción de una sociedad pacífica y civilizada, que repare integralmente a las víctimas de la violencia y pague su deuda social con los olvidados de siempre. El Grupo Diálogo Rural de Colombia ha emprendido el análisis del proyecto de ley para poder hacer un aporte significativo en esta discusión y en la construcción colectiva de una estrategia nacional moderna de desarrollo rural equitativo.