Desde que Vélez Uribe contó cómo el Centro Democrático no basó su campaña durante el plebiscito en explicar el Acuerdo de Paz y sus críticas al mismo, sino en difundir tergiversaciones y mentiras sobre lo acordado, y Francisco Santos mencionó que en el partido había un sector que quería que se hiciera tabla rasa y se iniciara de nuevo y desde cero la negociación con las FARC, las verdaderas intenciones de los líderes de esta colectividad comenzaron a aflorar.
El viernes pasado asistí a una emocionante asamblea territorial en una de las regiones del Caribe colombiano más afectadas por el conflicto. Numerosos jóvenes, mujeres, miembros de comunidades étnicas y otros habitantes rurales mostraron con orgullo su folclor y los interesantes emprendimientos que están llevando a cabo. Aunque los tópicos a tratar estaban relacionados con innovación y desarrollo rural, en todas las intervenciones de los participantes y en las conversaciones que sostuve en los recesos, la PAZ fue el tema central. Me impactó el conocimiento que tenían de todo lo relacionado con el proceso.
21:46:59Los sorprendentes resultados de las votaciones de ayer en Colombia nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos y nuestro trabajo a favor del desarrollo de los territorios rurales y de los pobres del campo. El proceso de paz debe enfrentar una nueva dificultad, pero no está muerto: tanto el gobierno, como los promotores del no, como el secretariado de las FARC han manifestado su disposición a buscar salidas a la delicada complicación que se ha presentado y a continuar con el proceso, que sufrirá un retraso en su culminación.
El próximo domingo 2 de octubre es fundamental para el futuro de Colombia. Si triunfa el Sí en el plebiscito – como todo parece indicar – se acaban 52 años de guerra con el mayor grupo armado irregular que hay en Colombia, las FARC. El paso de esta guerrilla a partido que haga política sin armas no solucionará todos los problemas del país, pero tendrá un importantísimo efecto positivo: mejorará la seguridad y el orden público en todo el territorio nacional, como ya se ha visto desde que inició el cese del fuego unilateral; las fuerzas armadas colombianas podrán dedicarse a combatir a las bandas criminales y la delincuencia común (y a los reductos guerrilleros que se mantengan, en especial el ELN); cuantiosos recursos públicos y privados que se liberen del conflicto podrán dedicarse a resolver nuestros graves problemas de atraso y miseria, principalmente en nuestras áreas rurales
La firma del acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las FARC es una excelente noticia para el país. Si bien con este acuerdo no se van a resolver todos los conflictos y problemas que nos agobian, si van a contribuir de manera fundamental a mejorar la seguridad y las condiciones de vida de los colombianos, en especial de los que habitan en sus zonas rurales.
La Misión para la Transformación del Campo, o Misión Rural, en sus recomendaciones propone una sustancial renovación de las estrategias y la institucionalidad para el desarrollo rural, basada en las siguientes tres ideas fuerza:
Las áreas rurales de Colombia juegan un papel trascendental en la vida y el desarrollo económico y social del país. En ellas hay un enorme potencial de generación de riqueza y desarrollo: además de su significativa y laboriosa población, cuentan con considerables riquezas en tierras, aguas, bosques, minerales e hidrocarburos, biodiversidad, paisajes y otros recursos naturales que pueden contribuir a un dinámico desarrollo sostenible, competitivo y equitativo de los diferentes territorios que conforman la geografía nacional.
Hace cerca de tres años se comenzó a presentar un cambio significativo para el sector rural del país. Después de años de olvido, y en especial de una década en que los temas relativos al desarrollo de las comunidades rurales y de los pequeños productores perdieron toda importancia en la política gubernamental, estos tópicos volvieron a adquirir relevancia de manera creciente.
El tema de la tierra sigue candente en Colombia. Primero fue la Corte Constitucional que declaró inexequibles los artículos 60, 61 y 62 del Plan de Desarrollo, que autorizaban la acumulación de baldíos. Con esto, revivió la prohibición a su acaparamiento contenida en la Ley 160 de 1994. El articulado del Plan creaba a su vez los Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal, que permitían la entrega de tierras baldías a grandes empresarios nacionales y extranjeros.
