Santiago Perry's blog

Se avecinan las negociaciones entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC. Las partes acordaron como primer punto de su agenda la discusión de problemas relacionados con el Desarrollo Rural, lo que genera una oportunidad muy valiosa de discutir de cara al país una serie de temas que han estado por años relegados de la agenda pública.

La ley de tierras y desarrollo rural entra en una nueva etapa. Una vez entregado el proyecto al Ministro por el grupo de expertos que colaboró en su re-elaboración, ahora debe surtir dos difíciles trámites: la consulta previa obligatoria con las minorías étnicas y la discusión y aprobación en el Congreso de la República. En ambos las discusiones serán sin lugar a dudas complicadas y el proyecto puede sufrir modificaciones sustanciales, para bien o para mal. Los intereses en juego son numerosos y poderosos: a la tradicional lucha por la propiedad de la tierra y por la vía de desarrollo rural que se ha vivido entre pequeños y medianos productores y grandes latifundistas, en los últimos años se han sumado los intereses de los narcotraficantes, los grupos armados ilegales, la minería legal e ilegal y los compradores extranjeros de tierras.

Apreciados amigos de la Provincia de Márquez:

Un viaje organizado desde hace tiempo a los países socios en el Consorcio Andino me impidió asistir a esta importante feria, como era mi deseo. 

Todos los días la prensa colombiana y los organismos de control nos sorprenden con un nuevo escándalo de corrupción: saqueo de entidades y bienes públicos, contratos irregulares, apropiación indebida de tierras de campesinos y de baldíos del Estado, etc. En este último sentido las noticias de lo sucedido en los Llanos Orientales y en Montes de María son realmente impresionantes. Y, al parecer, la Superintendencia de Notariado tiene información de más irregularidades en diferentes zonas de la geografía nacional.

Esta semana se llevó a cabo en Bogotá un taller internacional sobre desarrollo de capacidades en temas relacionados con el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Dos temas de la mayor importancia y sobre los cuales parece que se está reanimando el debate y el interés de diversos sectores gubernamentales, de la sociedad civil y de la opinión pública.
 

El gobierno nacional viene anunciando desde hace varios meses la presentación de un nuevo proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, el cual ha generado grandes expectativas. Lo que se conoce del proyecto - pues se ha elaborado a puerta cerrada - permite apreciar que se va a enfocar más a resolver conflictos de uso del suelo y a promover su más adecuado aprovechamiento, que a promover una estrategia integral, novedosa e inclusiva de desarrollo rural. 

La aprobación de la Ley de Víctimas es la noticia más destacada de los últimos meses en el país. Si bien es cierto aún es temprano para pronunciarse sobre su texto, pues sufrió muchas modificaciones de última hora en el Congreso, no cabe duda que marca un cambio sustancial en el rumbo que el tema de la reparación de las víctimas y la restitución de las tierras tenía en años recientes.

Después de varios años de que las discusiones sobre desarrollo rural estuvieron totalmente relegadas en la agenda gubernamental, el tema parece haber vuelto a tomar fuerza. En muy diversos escenarios, con la participación del gobierno, se están discutiendo aspectos claves del acceso a la propiedad de la tierra, su elevada concentración y el enorme proceso de despojo que se vivió en las dos últimas décadas, y en especial en la última.

La Innovación Rural Participativa (IRP), estrategia de acompañamiento de la Corporación PBA a procesos de innovación y desarrollo participativo de pequeños productores, y sus metodologías, han venido adquiriendo creciente reconocimiento y han comenzado a contribuir en el desarrollo de numerosas comunidades rurales. Ya hace unos cuatro años fueron adoptadas por el Consorcio Andino y comenzaron a aplicarse, además de en Colombia, con comunidades campesinas e indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.

El viernes pasado, 3 de diciembre, se celebró la VII Asamblea General de la Red de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Red Prodepaz), de la que la Corporación PBA es entidad de apoyo. Es muy alentador ver como se ha venido consolidando y como está ganando protagonismo esta iniciativa de la sociedad civil, que busca construir desde las regiones una Nación en paz, floreciente y en la que todos los habitantes se beneficien de los frutos del progreso.